La pretensión del Gobierno Nacional de declarar la educación como servicio esencial nada tiene que ver con considerar la educación pública como central, constitutiva, sustancial y un derecho social y humano, indispensable para el desarrollo del pueblo y que debe garantizar el Estado. Se trata de una decisión que busca limitar el derecho a huelga, consecuente con un proyecto político y económico al que le estorban los sindicatos, la libertad de expresión y el resto de los derechos, históricamente conquistados y defendidos por la clase trabajadora y los demás sectores populares.