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REMISERÍAS DE SIERRA GRANDE PIDEN ACTUALIZAR LA NORMATIVA Y UNIFICAR CRITERIOS PARA EL SERVICIO
Cecilia Barros, propietaria de la remisería 566, planteó la necesidad de contar con una regulación que establezca criterios comunes para las tarifas, las condiciones de prestación, las unidades habilitadas y los controles sobre el transporte de pasajeros. También solicitó la intervención del Consejo Municipal para avanzar en una normativa actualizada.
Sierra Grande | La regulación del servicio de remises volvió a plantearse como un tema pendiente en Sierra Grande. Cecilia Barros, propietaria de la remisería 566, explicó en diálogo con Radio Libre que actualmente no existe una normativa que establezca un valor común para las tarifas entre los servicios habilitados, situación que genera diferencias de precios y dificultades para quienes desarrollan la actividad.
Barros señaló que las remiserías anteriormente mantenían reuniones para acordar los valores del servicio, pero que recientemente no fue posible alcanzar un acuerdo con la otra empresa habilitada. Según explicó, ante la falta de una regulación específica, la remisería 566 decidió modificar su tarifa a partir del 29 de junio, en función del incremento de los costos vinculados con combustible, seguros, cubiertas, habilitaciones y mantenimiento de las unidades.
La propietaria indicó que presentó notas ante el Consejo Municipal para solicitar una instancia de diálogo y mediación entre las empresas. De acuerdo con su relato, también pidió analizar una posible modificación de la ordenanza vigente y establecer criterios que permitan que ambos servicios trabajen bajo condiciones similares.
UNA NORMATIVA QUE REGULE EL SERVICIO
Uno de los principales planteos de Barros está relacionado con el alcance de la normativa actual. Durante la entrevista sostuvo que la ordenanza existente está principalmente orientada a las características de los vehículos y sus condiciones de habilitación, pero no contempla de manera integral aspectos vinculados con la prestación del servicio.
En ese sentido, consideró necesario avanzar en una nueva regulación que contemple las tarifas, las condiciones de prestación, las habilitaciones, los controles, los impuestos y otros aspectos vinculados con la actividad. También mencionó la necesidad de establecer criterios respecto de la cantidad de unidades que puede tener cada base.
La empresaria sostuvo que el Consejo Municipal debería intervenir en este proceso y convocar a los prestadores para conocer sus necesidades y trabajar sobre una normativa común. Según manifestó, hasta el momento no fueron convocados para participar en la elaboración de un proyecto de ordenanza.
COSTOS Y DIFERENCIAS EN LAS TARIFAS
Barros explicó que la remisería 566 sostiene su actividad principalmente con viajes dentro de la localidad y que actualmente no presta servicios para empresas vinculadas al proyecto industrial de la zona. Recordó que anteriormente trabajaron con empresas como Milicic y Técnica Reunidas, pero que esos servicios dejaron de contratar a la remisería.
Según indicó, una de las razones que recibió fue la presentación de presupuestos de menor valor por parte de otros prestadores. Barros también manifestó haber realizado reclamos vinculados con la utilización de vehículos que, según sus presentaciones, no contarían con las habilitaciones correspondientes.
En relación con los costos, señaló que la tarifa se mantuvo durante aproximadamente once meses en $4.000 y que durante ese período aumentaron distintos componentes necesarios para sostener la actividad, entre ellos el combustible, los seguros y los neumáticos.
Como parte de las medidas adoptadas por la empresa, Barros informó además una promoción destinada a trabajadores y estudiantes vinculados al ámbito escolar, con un valor de $4.000 por el viaje de ida y vuelta de lunes a viernes.
PEDIDO DE CONTROLES SOBRE SERVICIOS NO HABILITADOS
Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la existencia de personas que ofrecen traslados particulares a través de publicaciones y redes sociales. Barros sostuvo que estos servicios compiten con las remiserías habilitadas y planteó la necesidad de reforzar los controles.
La propietaria remarcó que las unidades de su empresa cuentan, según afirmó, con las habilitaciones correspondientes, RTO, seguros para transporte de pasajeros y que sus choferes poseen carnet profesional. En contraposición, cuestionó que otros vehículos puedan ofrecer traslados sin cumplir los mismos requisitos.
El reclamo también está relacionado con las condiciones de seguridad para quienes utilizan estos servicios. Barros planteó que una regulación uniforme debería establecer qué vehículos y conductores pueden prestar transporte de pasajeros y bajo qué condiciones.
EL RECLAMO POR UNA REGULACIÓN INTEGRAL
La posición expresada por la titular de la remisería 566 apunta a la necesidad de actualizar el marco normativo para que la actividad cuente con reglas comunes. El planteo incluye la definición de tarifas, condiciones de habilitación, cantidad y características de las unidades, requisitos para los conductores, controles y mecanismos de intervención ante diferencias entre los prestadores.
Barros consideró que el Consejo Municipal debe participar en la búsqueda de una solución y avanzar en una instancia de diálogo con las empresas y el Ejecutivo municipal. Hasta el momento, según manifestó, permanece pendiente una reunión con autoridades municipales para abordar el tema.
El debate plantea así la necesidad de revisar el marco regulatorio del servicio de remises en Sierra Grande y establecer criterios que alcancen tanto a las empresas habilitadas como a quienes ofrecen transporte de pasajeros por fuera de ese esquema.
Fuente: En este día | Radio Libre
