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LA JUEZA DE PAZ DE SIERRA GRANDE ACLARÓ LOS ALCANCES LEGALES EN CASOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
Carola Suárez explicó por qué las medidas de protección recaen en las víctimas y no en los denunciados, y se refirió a las limitaciones en recursos policiales señaladas por vecinos del barrio 9 de Julio.
Sierra Grande | La jueza de paz de Sierra Grande, Carola Suárez, brindó declaraciones en Radio Libre en el marco de las inquietudes planteadas por vecinas y vecinos del barrio 9 de Julio, quienes manifestaron preocupación por la seguridad y por la respuesta policial ante situaciones de violencia intrafamiliar. En ese contexto, algunos efectivos policiales habían señalado ante la comunidad que los recursos humanos se encuentran reducidos debido a la cantidad de personal afectado a puestos de vigilancia.
Consultada sobre esta situación, Suárez señaló que el problema de fondo no solo se relaciona con la disponibilidad de personal policial, sino con la estructura legal vigente respecto a la intervención en casos de violencia de género y familiar. Explicó que, por ley, la primera intervención corresponde a la Justicia de Familia, cuyo principal objetivo es proteger a la víctima.
“La seguridad o la custodia policial se dispone para proteger a la víctima. Lo hemos debatido muchas veces porque, como ustedes dicen, pareciera que la víctima termina limitada. Lamentablemente la ley está planteada así y nosotros como operadores debemos ejecutarla”, afirmó.
La jueza remarcó que el denunciado puede recibir medidas restrictivas más severas —como pulseras electrónicas o detención preventiva— únicamente cuando se constata un incumplimiento de las medidas cautelares iniciales. Es recién en ese momento cuando el caso pasa al fuero penal.
“Cuando una persona denunciada sigue ejerciendo violencia o incumple las medidas judiciales, eso se informa al fuero penal. Allí sí pueden ordenarse dispositivos duales, custodia sobre el agresor o incluso su arresto”, detalló.
Suárez reconoció que el sistema resulta complejo y que las limitaciones de recursos existen, pero enfatizó que el juzgado prioriza la protección de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad.
“Siempre vamos a priorizar a la parte más débil, que son las mujeres y los niños. Es la herramienta que la ley nos da para protegerlos. ¿Puede modificarse la normativa? Sí, como ha sucedido antes. Depende de las experiencias y las demandas de la sociedad”, señaló.
La magistrada sostuvo que cualquier cambio de enfoque requeriría reformas legislativas que redefinan la intervención estatal en las situaciones de violencia intrafamiliar.
Fuente: En este día | Radio Libre.
