EXPROPIACIÓN EN PUNTA COLORADA: DURAS CRÍTICAS DEL LEGISLADOR DEL FRENTE DE TODOS, LUCIANO DELGADO SEMPÉ

Sierra Grande | El reciente proyecto de expropiación de dos terrenos en Punta Colorada —aprobado en única vuelta por la Legislatura de Río Negro— continúa generando fuertes repercusiones políticas. Aunque el gobierno provincial sostiene que la medida es necesaria para avanzar con la instalación de la Zona Franca, el legislador de Vamos con Todos, Luciano Delgado Sempé, lanzó duras críticas al procedimiento, al costo económico para la provincia y a la falta de planificación estratégica.

Críticas al procedimiento y a la gestión provincial

Delgado Sempé cuestionó los antecedentes de la operación y sostuvo que la provincia está pagando las consecuencias de su propia mala administración. Recordó que los terrenos habían sido vendidos años atrás por la empresa estatal HiPaRSA, pese a ser zonas consideradas estratégicas para el desarrollo del puerto y de diversos proyectos de inversión.

“El problema fue que los vendieron barato, y ahora los recuperan caro. Siempre quien sale perdiendo es el pueblo rionegrino”, sostuvo el legislador, señalando que existe una línea histórica de decisiones improvisadas dentro del oficialismo provincial.

Agregó que muchos de los proyectos estratégicos anunciados en Punta Colorada —como la radicación de capitales chinos, la planta nuclear o el hidrógeno verde— nunca avanzaron, y aun así se siguieron vendiendo terrenos claves sin previsión a largo plazo.

Cuánto cobrarán los propietarios expropiados

Uno de los puntos que más controversia generó es el monto que recibirán los actuales propietarios de los terrenos expropiados. Delgado Sempé confirmó que uno de ellos adquirió su lote por alrededor de 500 mil pesos, pero que ahora la provincia deberá pagar, bajo el régimen de expropiación, aproximadamente 100 millones de pesos por un lote y 13 millones por el otro.

Según el legislador, inmobiliarias de la zona estiman que esos mismos terrenos, en el mercado actual, podrían valer hasta 3 millones de dólares, lo que exhibe la falta de criterio estratégico al momento de la venta original.

La posición del Gobierno de Río Negro

Desde el Poder Ejecutivo, la expropiación se fundamenta en que los terrenos se encuentran dentro del área delimitada para la Zona Franca y su presencia en manos privadas genera un obstáculo para el desarrollo del proyecto. La provincia asegura que se siguió el procedimiento habitual: declarar la utilidad pública y tasar el valor según parámetros fiscales y legales vigentes.

Sin embargo, Delgado Sempé cuestiona la falta de información y de diálogo:
“En comisión no respondieron nada. No estuvieron los dueños, no hubo informes técnicos, no hubo explicaciones claras. Los legisladores estamos discutiendo proyectos sin tiempo y sin información suficiente”.

Preocupación por posibles causas judiciales

Otro de los puntos señalados por el legislador es la posibilidad de que esta expropiación derive en juicios contra la provincia, ya sea por desacuerdos con los montos, por cuestionamientos a la tasación o por eventuales reclamos respecto del proceso administrativo.

“Y si hay juicios, ¿quién los paga? Juan Pueblo. El vecino. La comerciante. La provincia termina asumiendo los costos de decisiones improvisadas”, afirmó.

Apoyo al desarrollo, pero con planificación

Pese a sus críticas, Delgado Sempé aclaró que su bloque no está en contra de la Zona Franca ni del crecimiento de Sierra Grande. Recordó que ha acompañado otros proyectos estratégicos, como el oleoducto Vaca Muerta Sur, pero subrayó que los errores de gestión no pueden repetirse.

“Queremos la Zona Franca. Lo que no queremos son estas chanchadas, vender por 500 mil y recomprar por 100 millones. No estamos para seguir pagando improvisaciones después de 14 años del mismo gobierno”.

Un llamado a la transparencia y al debate informado

El legislador insistió en que la Legislatura debería trabajar con más tiempo y profundidad, especialmente en proyectos complejos como una expropiación. “Nos presentan los proyectos 30 minutos antes de la comisión. Sin estudios, sin técnicos, sin propietarios. Así no se puede legislar”, criticó.

Sempé pidió que el gobierno rionegrino dé explicaciones públicas, que se revisen los mecanismos internos de YPARSA y que se informe con claridad cómo se implementará la Zona Franca y quién la administrará.

Fuente: En este día | Radio Libre.