EXPROPIACIÓN CLAVE PARA AVANZAR CON LA ZONA FRANCA DE PUNTA COLORADA

La Legislatura de Río Negro dio luz verde, en una única instancia parlamentaria, a la expropiación de dos lotes ubicados en Punta Colorada, en el ejido de Sierra Grande. El objetivo es incorporarlos formalmente al área destinada al Régimen de Zona Franca, una pieza clave dentro de los planes provinciales para consolidar un polo de desarrollo logístico y productivo.

La aprobación contó con una amplia mayoría, aunque también registró votos en contra. La iniciativa fue presentada como un paso técnico y legal necesario para completar el trazado del área franca y garantizar su operatividad. Según los fundamentos de la norma, la ubicación de las parcelas —cercanas a la ruta provincial N° 9 y a servicios básicos— resulta estratégica para el funcionamiento del emprendimiento.

El proyecto de Zona Franca es considerado por el Gobierno provincial como un motor para atraer inversiones, facilitar el comercio internacional y potenciar el crecimiento económico regional. En los argumentos oficiales se señala que este instrumento fiscal y aduanero permitirá acompañar otros desarrollos de gran escala previstos para la región, como infraestructura energética y logística vinculada a iniciativas de alcance nacional.

Durante el debate también se mencionaron antecedentes de uso de esos terrenos y las dificultades que enfrentaron proyectos previos en la zona. Asimismo, se plantearon observaciones sobre la necesidad de mejorar la planificación y asegurar mayores niveles de transparencia, especialmente en torno al historial dominial de los lotes y a contratos vigentes asociados a su explotación.

Quienes votaron en contra expresaron reparos relacionados con la gestión provincial, con viejos fracasos productivos en la región y con decisiones tomadas sobre esas parcelas en años recientes. No obstante, la mayoría consideró que la expropiación es la vía jurídica adecuada para proceder frente a las actuales titularidades y avanzar con un plan estratégico de largo plazo.

Con la aprobación legislativa, la provincia queda habilitada para iniciar el proceso judicial de expropiación y sumar formalmente esos terrenos al futuro enclave franco. La expectativa oficial es que esta decisión acelere la puesta en marcha de un proyecto considerado central para el desarrollo económico de la costa atlántica rionegrina.