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Concejales del FDT del Este Rionegrino pidieron al gobierno provincial se priorice la vacunación para personas con discapacidad

El comunicado lleva la firma de los concejales Luciano Ruiz y Zulma Romero (Viedma). Marcela Dodero, Guillermo Masch, Vanesa Carmona y Héctor Cayunao (San Antonio Oeste), Mauro Tamburrini, Valeria Cayuqueo y Jorge García (Sierra Grande), Richard Llanqueleo (Valcheta), Paola Castro, Alejandra Kissner y Claudio Imaz (General Conesa). Foto facebook

Playas Doradas.-  Tras un encuentro en Playas Doradas los concejales del FDT del Este Rionegrino solicitaron al gobierno provincial que se priorice la vacunación para personas con discapacidad

Los ediles  resolvieron sumarse al pedido realizado por el bloque de Legisladores del FDT a mediados de marzo y que aún no tuvo una respuesta positiva por parte del Gobierno Provincial.

En un comunicado explicaron que la tasa de letalidad es muy superior para las personas con discapacidad que entre la población general contagiada por Covid-19.

Los concejales Luciano Ruiz y Zulma Romero (Viedma). Marcela Dodero, Guillermo Masch, Vanesa Carmona y Héctor Cayunao (San Antonio Oeste), Mauro Tamburrini, Valeria Cayuqueo y Jorge García (Sierra Grande), Richard Llanqueleo (Valcheta), Paola Castro, Alejandra Kissner y Claudio Imaz (General Conesa) presentaron proyectos de comunicación en los concejos deliberantes respectivos solicitando a la Legislatura el tratamiento de la iniciativa del Frente de Todos.

“Estos proyectos acompañan la inquietud de más de treinta instituciones especializadas que vienen trabajando en las distintas regiones, por eso planteamos al Gobierno Provincial que mediante el Ministerio de Salud adopte las consideraciones epidemiológicas que claramente comprenden a las personas con discapacidad como un grupo de riesgo y priorice la vacunación, como ya lo ha hecho Neuquén por solo citar un ejemplo” agregaron los ediles de Frente de Todos.

Señalaron que “el Gobierno Provincial debe considerar prioritario extender la campaña de vacunación, ya iniciada en las residencias geriátricas, también a las instituciones que albergan a personas con discapacidad y posteriormente a los centros ambulatorios de atención a personas con discapacidad, habida cuenta de que toda la normativa nacional y provincial vigente anticipa y autoriza implícitamente tal decisión sanitaria”.

 

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