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Aprueban proyecto para habilitar inversiones en hidrocarburos en Río Negro

Punta Colorada está hoy entre las expectativas rionegrinas. Foto Miguel Velazquez

Viedma.- La Legislatura de Río Negro aprobó este jueves en primera vuelta el proyecto para fortalecer el control y fiscalización del transporte de hidrocarburos líquidos y/o gaseosos por ductos en Río Negro y habilitar la posibilidad de realizar inversiones en materia de hidrocarburos en la Provincia. La iniciativa fue aprobada con 42 votos a favor y la única oposición del legislador Pablo Barreno.


El proyecto establece que todos los proyectos de obras o acciones relacionados con los sistemas de transporte de hidrocarburos que atraviesen territorio rionegrino deberán contar con un visado de la Autoridad de aplicación provincial, que sería la Secretaría de Estado de Energía, a través de la Secretaría de Hidrocarburos.

Sebastián Caldiero fue el informante del proyecto de autoría compartida entre todos los bloques. Fundamentó la iniciativa en la necesidad de fortalecer los controles sobre toda la infraestructura de transporte de hidrocarburos: “Lo que proponemos es un avance de la Provincia en el ejercicio de la tarea de control, no solo  por lo existente sino por lo que se viene, que va a aumentar exponencialmente el tránsito de hidrocarburos por nuestra provincia”.

Indicó que hoy a la provincia de Río Negro la atraviesan 22 concesiones de transporte dadas por el Estado nacional, de petróleo o de gas, operadas por distintas empresas; y 9 concesiones otorgadas por Río Negro dentro del territorio provincial, entre petroleo y gas, donde la Provincia tiene el poder concedente, de fiscalización y control.

Explicó que cientos de kilómetros de cañerías instaladas en la Provincia no son objetos de control y fiscalización por parte de Río Negro: “En la actualidad nos encontramos con una situación a corregir, a mejorar, que es que sin la participación de la Provincia en el control de los planes de mantenimiento, de integridad o  de construcción, cuando sucede un incidente la provincia necesariamente tiene que actuar en procura del resguardo y saneamiento ambiental, la contención del incidente y en su remediación”.

“Lo que proponemos es darle facultades a la provincia de Río Negro, complementarias y concurrentes a las que ostenta la Secretaría de Energía de la Nación, para poder colaborar con ese control”, fundamentó.

“La idea es tener inspectores para hacer un control directo sobre esas instalaciones. Hoy el control que existe es meramente formal, a través de documentación, de informes, pero no no hay un cuerpo de inspectores nacionales recorriendo el territorio provincial, verificando el estado de las instalaciones o auditando aquello que se informa a través de documentación sea correcto”, añadió.

Por otro lado, el proyecto contempla la modificación de la ley provincial 1308, que establece una prohibición absoluta de toda la actividad hidrocarburífera en el Golfo de San Matías.

Caldiero explicó que con esta legislación Río Negro no entra en la consideración de los planes de inversión para eventuales proyectos exportadores de hidrocarburos, ni de petróleo ni de gas.

“Con una modificación parcial de esta ley podemos lograr un marco jurídico que nos permita sentarnos en una mesa de discusión, de debate, para analizar propuestas y proyectos y ver si podemos encontrar aquellos que favorezcan los intereses de los rionegrinos”, estimó.

“Con esta propuesta buscamos estar en igualdad de condiciones con otras provincias, al menos desde lo jurídico, para la búsqueda de inversiones y de proyectos que tengan un beneficio concreto para la Provincia”, argumentó.

La propuesta recibió el apoyo de todos los bloques, con la excepción de Pablo Barreno (FdT). Desde ese bloque también se hicieron críticas con respecto al tiempo de tratamiento que se le atribuyó al tema y se exigió que se realicen controles de impacto ambiental y que se garantice la licencia social para la ejecución de los potenciales proyectos.

Ante las advertencias, el presidente del bloque oficialista, Facundo López, aclaró que la decisión del Gobierno es “producir sin dañar” y descontó que se van a hacer todos los controles de impacto ambiental y jurídicos y legales necesarios.

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