RÍO NEGRO APROBÓ EL MEGAPROYECTO DE GNL CON YPF Y ARGENTINA LNG SAU Y SE PROYECTA COMO HUB EXPORTADOR GLOBAL

Viedma | La ley sancionada por mayoría este viernes ratifica el acuerdo entre Río Negro y las empresas YPF y Argentina LNG SAU, mediante el cual se establecen las bases para el desarrollo de una obra de infraestructura estratégica que posicionará a la provincia como un hub exportador de energía a escala global.

El proyecto promete transformar la matriz productiva de la región, con una inversión histórica para exportar el gas de Vaca Muerta al mundo, con importantes incentivos fiscales.

La iniciativa fue aprobada por 42 votos a favor y 4 en contra, con la oposición de los legisladores Delgado Sempé, Magdalena Odarda y Ayelén Spósito, del bloque Vamos con Todos, y Leandro García, de la bancada del PJ-Nuevo Encuentro.

El legislador Lucas Pica (JSRN) fue el miembro informante del proyecto. El parlamentario apuntó contra el “lobby porteño”, defendió el RIGI y prometió la creación de 40.000 puestos de trabajo.

Pica definió la iniciativa como “la inversión privada más grande de la historia de nuestro país”. Enmarcó la instalación del megaproyecto en el Golfo San Matías no solo como una victoria económica, sino como una revancha política y territorial frente a la provincia de Buenos Aires. Definió el avance del proyecto como “un grito de la reparación histórica de la norpatagonia” ante las “promesas que nunca el centralismo porteño le cumplió” a la región.

El legislador recordó la tensa disputa “cuerpo a cuerpo” que Río Negro mantuvo con la ciudad de Bahía Blanca para quedarse con la megaobra. En ese sentido, apuntó contra “los intereses porteños” y el “lobby porteño”, señalando a los dirigentes que trabajaron para que la inversión no llegara a la Patagonia. “Nosotros sobre el final de la carrera le arrebatamos esa planta a Bahía”, celebró Pica.

Uno de los ejes centrales de la argumentación oficialista fue la justificación de los beneficios impositivos otorgados a las petroleras. Pica fue categórico respecto a la importancia del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al que Río Negro fue la primera provincia en adherir: “Sin RIGI no hubiéramos tenido esta propuesta”, sentenció.

El legislador pidió “sacarle los demonios” al RIGI y dejar de lado las cuestiones “ideológicas”, argumentando que el régimen busca “igualar a la Argentina con los restantes sitios del mundo que quieren atraer inversiones” brindando libre disponibilidad de divisas y un marco de “inmutabilidad tributaria por 30 años” para generar un “shock de confianza”.

Asimismo, defendió la “ley de promoción económica” rionegrina para atraer a otros inversores.

Frente a las críticas de la oposición por las concesiones a las empresas extranjeras, el oficialismo aseguró que Río Negro no cederá sus competencias ambientales ni laborales. Pica remarcó que se aplicará estrictamente la ley provincial que exige un “80/20”, garantizando la prioridad para la contratación de trabajadores y proveedores locales bajo la premisa de “primero los nuestros siempre”.

A nivel macroeconómico, Pica lanzó proyecciones citando al presidente de YPF, Horacio Marín, quien aseguró que el proyecto va a generar “no menos de 40.000 puestos de trabajo”. Además, estimó que, sumando el proyecto Vaca Muerta Sur (VEMOS) y Argentina LNG, para el año 2030 o 2031 los puertos rionegrinos podrían despachar unos “40.000 millones de dólares en exportación por año”, lo que cambiaría “para siempre” la balanza comercial de la Argentina.

La legisladora Magdalena Odarda (Vamos con Todos) expuso fuertes críticas contra el proyecto. Denunció un pacto con “cáscaras vacías”, expropiaciones inconstitucionales en la costa y un desastre ambiental irreversible para el Golfo San Matías.

La parlamentaria desestimó las promesas de progreso del oficialismo y calificó la iniciativa como una “ley blindaje” que consolida un modelo extractivista. Advirtió que la instalación de buques licuefactores transformará la matriz productiva de la costa atlántica, pasándola de ser un polo turístico a una “zona de sacrificio” petroquímica.

Por otra parte, apuntó a la “falta de transparencia en la conformación empresaria del proyecto”. Aseguró que el Estado está negociando con una “cáscara vacía o pantalla jurídica”, en referencia a la sociedad vehículo Argentina LNG SAU. Advirtió que, si bien YPF actúa como ancla, los verdaderos socios internacionales (como el gigante petrolero de Emiratos Árabes Unidos y la italiana ENI) no figuran en el acuerdo, lo que impide a la Legislatura controlar sus antecedentes.

Además, cuestionó la “asimetría económica del pacto”. Según las estimaciones expuestas en el recinto, mientras el consorcio empresario podría llegar a facturar miles de millones de dólares mensuales, la provincia se conformará con un canon fijo de apenas 24 millones de dólares. “Río Negro no participa en el negocio energético. No somos socios, no hay una situación de paridad”, sentenció la legisladora, alertando que la provincia asume todos los riesgos y no capta las ganancias extraordinarias.

Odarda apuntó también contra los artículos del proyecto que permiten desafectar tierras de dominio público para entregarlas a las corporaciones por 30 años. Calificó esta medida como inconstitucional, recordando que las costas y el mar adyacente son inalienables según el Código Civil y la Constitución provincial.

“Se van a desafectar bienes de dominio público para permitirle que esas empresas se queden con las playas. Esto puede llevar a verdaderos negocios inmobiliarios en la costa atlántica”, denunció. Asimismo, exigió saber qué ocurrirá con los habitantes expropiados y cómo hará el Estado para recuperar esas tierras si el proyecto fracasa por variables del mercado global.

En otro tramo, Odarda refutó que el Gas Natural Licuado (GNL) sea una energía limpia, recordando que el gas metano es más peligroso para el efecto invernadero que el dióxido de carbono. Advirtió sobre el vertido de químicos, el aumento de la temperatura del agua por la salmuera expulsada en el proceso de licuefacción, y el inminente peligro del “agua de lastre” de los buques metaneros, que introducirá especies invasoras y enfermedades.

Finalmente, la legisladora concluyó que la provincia tiene alternativas genuinas para generar empleo sin destruir el ambiente, proponiendo potenciar la infraestructura turística de la costa y reactivar un histórico proyecto de riego de 1996 para los valles de San Antonio y Sierra Grande. “Con este proyecto le estamos poniendo precio al mar”, finalizó.

El legislador César Domínguez (PRN) centró su discurso en una fuerte defensa del modelo de libre mercado y del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), presentándolos como la única vía posible para salir del estancamiento.

“Hoy vamos a definir qué rol va a ocupar la provincia de Río Negro en el nuevo modelo productivo de nuestro país, si se va a convertir verdaderamente en el protagonista del desarrollo energético y se va a integrar al crecimiento o va a seguir atada al pasado”, expresó.

Sostuvo que “la riqueza de los países y de las provincias se genera a través de la inversión de la empresa privada y de los emprendedores cuando se crean las condiciones, y no a través de la emisión de dinero y el gasto desmesurado”.

Domínguez aseguró que, durante años, “los gobiernos no respetaron reglas, actuaron en forma discrecional y cambiaron los contratos de acuerdo al humor que tenían”. En contraste, destacó que con “el orden macroeconómico y con la liberación de la economía, vienen los capitales productivos”.

Ariel Bernatene (UCR) justificó el acompañamiento de su bloque apelando a la “conciencia política e institucional”, destacando la magnitud de las obras de infraestructura y lanzando un dardo directo a los sectores que se oponen al megaproyecto por motivos ambientales.

El parlamentario aseguró que la obra convertirá a Río Negro en un actor central del mapa energético, destacando la construcción de “un gasoducto dedicado de 48 pulgadas con una extensión de 520 km, el más grande del país, destinado pura y exclusivamente a exportación” y un poliducto que “triplica la producción argentina”.

Además, celebró que el proyecto incluya una planta fraccionadora en tierra que “será la más grande de Argentina” y que le otorgará valor agregado al separar gas propano, butano y gasolinas naturales directamente en suelo rionegrino.

Bernatene criticó a quienes rechazan la iniciativa: “Para los mediocres, negacionistas de la realidad rionegrina… negarse sistemáticamente a toda inversión estratégica no protege el medio ambiente, sino que condena a una provincia al estancamiento”.

El legislador Luciano Delgado Sempé (Vamos con Todos) adelantó su voto negativo. Cuestionó las exenciones impositivas multimillonarias, alertó sobre los riesgos ambientales para los valles y apuntó contra la fascinación del oficialismo con el CEO de YPF.

Justificó su posición al considerar que la provincia entrega su territorio a cambio de “migajas” y asume pasivos ambientales irreversibles.

Comparó los anuncios actuales con promesas del pasado: “Ya lo vivimos con la planta nuclear, ya lo vivimos con el hidrógeno verde y, como le dije hoy, la tercera es la vencida”.

El legislador denunció que las empresas “no ponen nada”, mientras que la provincia entrega “el río, la estepa y el territorio”. Según sus cálculos, la asimetría económica es abismal. Explicó que, frente a un negocio que podría facturar miles de millones de dólares anuales, los ingresos rionegrinos (sumando el aporte inicial, los cánones y los impuestos) representan apenas entre el 0,28% y el 0,32% de las ganancias.

Delgado Sempé criticó la exención del impuesto de sellos concedida a las corporaciones, un perdón fiscal que valuó en 150 millones de dólares. Para dimensionar esta cifra, el legislador la tradujo a las necesidades habitacionales urgentes de Sierra Grande, localidad epicentro del proyecto, donde denunció que “a un municipal le quieren cobrar 1.200.000 pesos de alquiler y no tiene dónde vivir”.
“Esos 150 millones de dólares que le perdonamos en sellos […] equivalen a 137.000 metros cuadrados de construcción. Por lo tanto, serían 4.594 departamentos que podrían construir en la ciudad de Sierra Grande para bajar el costo de los alquileres y dárselos a los empleados públicos y privados”, calculó, remarcando que “ese es el gran negocio” que pierde la provincia.

También advirtió sobre las catastróficas consecuencias de un eventual accidente en los ductos: “Nadie habla de que estas empresas se llegan a mandar una explosión, presentan quiebra y se van. Y el polo forrajero, el Valle Medio, el Valle de Conesa, el Valle Inferior, San Antonio que toma agua… si se llega a romper abajo de Chelforó, para ellos no es nada, para nosotros es muchísimo”, alertó.

Finalmente, Delgado Sempé desmintió las promesas de empleo masivo para los rionegrinos, basándose en la reciente experiencia del oleoducto Vaca Muerta Sur. Acusó al consorcio de inflar los números de salarios y de no cumplir con la ley provincial que exige un 80% de mano de obra local.

El legislador Leandro García (PJ-NE) justificó su oposición al megaproyecto cuestionando las “condiciones asimétricas” del contrato, el impacto del RIGI y advirtió que la provincia quedará “atada de pies y manos” frente a las corporaciones durante los próximos 30 años.

Si bien reconoció la “oportunidad magnífica” que representa el contexto global para que la provincia se convierta en un polo exportador de gas, García rechazó los términos del acta acuerdo.

Fue crítico con el RIGI, argumentó que este régimen coloca al Estado rionegrino en una posición de total debilidad para negociar con empresas transnacionales. “Le otorga total flexibilidad a las empresas para adaptarse al nuevo marco de negocios y el Estado queda atado de pies y manos porque no puede modificar bases imponibles, no puede modificar alícuotas, no puede adecuarse a estándares internacionales ambientales”, denunció García, alertando que esta convalidación a “libro cerrado” condicionará a los próximos siete gobiernos provinciales.

García advirtió sobre la letra chica del contrato y la renuncia a recursos provinciales. Además de los beneficios aduaneros y cambiarios del RIGI (que permiten no liquidar divisas en el país), el legislador cuestionó que la provincia haya sumado exenciones impositivas propias, como Ingresos Brutos, Sellos y cánones portuarios y costeros.

El legislador cuestionó la magnitud de los ingresos directos que recibirá Río Negro, relativizando el impacto del canon fijo establecido. “Es el 2,3% de la masa salarial anual lo que va a recibir la provincia por el proyecto más grande de su historia (…) Es el 0,18% de los recursos que perdió Río Negro de coparticipación desde que asumió Milei”, comparó. Además, criticó que el Estado no haya previsto ningún mecanismo para “capturar renta extraordinaria” ante un eventual aumento de los precios internacionales del gas.

Asimismo, advirtió sobre la asimetría de responsabilidades legales que fija el artículo 4.1 del acuerdo. Según su lectura, la provincia asume todos los costos económicos y jurídicos de las expropiaciones y servidumbres, mientras que el consorcio empresario (VPU) puede “rescindir libremente de cualquier responsabilidad sin ninguna razón de fuerza mayor”, retirándose del proyecto sin consecuencias.

Frente a las promesas del oficialismo y del CEO de YPF, Horacio Marín, sobre la creación de 40.000 puestos de trabajo, García exigió prudencia y contrastó el “paraíso” prometido con la crisis actual.

Recordó que, según datos oficiales, Río Negro perdió 1.700 empleos formales en los últimos dos años bajo la gestión nacional actual, afectando a sectores clave como la fruticultura, el comercio y el turismo. Además, señaló que las referencias a la ley provincial 5804 —que exige un 80% de mano de obra local— son apenas “una declaración de buenas intenciones sin exigencias claras” dentro del contrato.

A pesar de su rechazo general, García reconoció como un logro la inclusión de la planta fraccionadora de gases, a la que definió como “la única apuesta clara para generar valor agregado y desarrollo”. Destacó positivamente que el gobierno provincial haya decidido no exceptuar de Ingresos Brutos a la construcción de esta planta, estimando que será la única actividad del proyecto que generará unos 500 puestos de trabajo directos vinculados a la industrialización.

Aimé Kircher (JSRN) destacó que el proyecto le está dando a muchos jóvenes de Sierra Grande la oportunidad histórica de tener su primera entrevista laboral formal y no tener que irse de la provincia. Por su parte, Luis Noale (San Antonio Oeste) aclaró que la obra “no es contra el Golfo, es con el Golfo y su gente”. Subrayó que el GNL no reemplazará a la pesca ni al turismo, y adelantó su voto positivo “por el trabajo y por nuestras familias”.

Juan Martín (PRO) afirmó que el verdadero “nombre propio” que hizo posible esta inversión es el de Javier Milei gracias al RIGI, recordando que el kirchnerismo “nos había dejado sin nafta” y con un juicio millonario por YPF. No obstante, exigió mayor transparencia, reclamando que faltó el documento base de inversión y el estudio de impacto ambiental en el expediente. Su compañera de bancada, Martina Lacour, también votó a favor, pero cuestionó en duros términos que la provincia haya eximido a las empresas del aporte al desarrollo territorial (Ley 5594), calculando una pérdida de millones de dólares a valor presente.
Desde la Coalición Cívica-ARI, Fernando Frugoni fustigó a quienes vaticinan “tragedias ambientales” desde “la comodidad de un escritorio sin ensuciarse los mocasines” en Sierra Grande. Justificó la necesidad del RIGI porque “el régimen kirchnerista arrasó con la Argentina y tiró a la basura la seguridad jurídica”. Javier Acevedo sumó que en la provincia se enfrentan dos modelos: uno de desarrollo y empleo de calidad, y otro “prohibicionista” y de planes sociales.

Los bloques Vamos con Todos y PJ-Nuevo Encuentro exhibieron sus matices. Una facción decidió acompañar por la necesidad de generar empleo. Daniel Belloso (PJ-NE) apoyó la iniciativa como un “soplo de aire fresco” ante la crisis, pero rechazó tajantemente que se hable de “régimen kirchnerista”, recordando que Cristina Kirchner fue reelecta por voluntad popular. Su compañero Pedro Dantas coincidió, destacando que Vaca Muerta es una política de Estado y que la provincia no se puede dar el lujo de rechazar la obra en un contexto donde “el gobierno nacional cerró 22.000 empresas”.

Fabián Pilquinao (VcT) también votó a favor reivindicando la recuperación de YPF durante la gestión de CFK, aunque le reclamó al gobierno provincial que, con el mismo entusiasmo que trae los tubos de gas, gestione un acueducto para paliar la sequía de los productores de la Línea Sur.

Ayelén Spósito (VcT) ratificó su voto negativo. Calificó a la iniciativa como un proyecto “extractivista y de saqueo” que otorga beneficios fiscales a las empresas mientras los rionegrinos sufren la falta de servicios básicos y escuelas rotas. Además, vinculó el acuerdo a la “reforma laboral esclavista” del gobierno nacional, advirtiendo que los trabajadores no tendrán estabilidad.

La radical Lorena Matzen respaldó el proyecto trazando un paralelismo histórico con la visión estratégica del presidente Hipólito Yrigoyen al crear YPF en 1922. Subrayó que el desarrollo genera movilidad social y celebró puntualmente la reactivación del aeropuerto de San Antonio Oeste, exigiendo a la Legislatura mantener un riguroso control ambiental.

Finalmente, Yolanda Mansilla (Primero Río Negro) aportó una visión conciliadora: agradeció explícitamente al presidente Milei por el RIGI, reconoció a Cristina Kirchner por recuperar YPF y felicitó al gobernador Weretilneck por sus “rápidos reflejos” para adherir al régimen nacional. Remarcó que sin este acuerdo “nadie se anima a invertir” y celebró la capacitación de los jóvenes locales.

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque de Juntos Somos Río Negro, Facundo López, quien apuntó duramente contra la oposición que rechazó el proyecto, acusándola de basarse en “falsas premisas” y de querer que la gente dependa del “pobrismo”. Defendiendo los beneficios del RIGI, López sentenció que “dato mata relato”, ejemplificando con las 167 nuevas habilitaciones comerciales en Sierra Grande y los 2.500 empleos ya generados. “Venimos a cambiar la matriz productiva de Río Negro, pero las playas van a seguir siendo las más bonitas”, aseguró.

Aclaró que la provincia está impedida legalmente de cobrar un canon por el paso de un ducto nacional por su territorio: “No le podemos cobrar. Entonces, ¿es caro o es barato? ¿Podemos pedir más? ¿Podemos pedir menos? No, no podemos pedir nada. Ni es caro ni es barato cuando es nada”. Además, subrayó que lo que se votaba era simplemente el inicio del proceso (el acta acuerdo) y que los estudios de impacto ambiental y las audiencias públicas vendrán en las etapas posteriores.

López también destacó que ya hay 2.500 rionegrinos trabajando en la zona y que jóvenes vulnerables, “hijos de pulperos” que antes solo tenían como destino un trabajo informal, hoy tienen empleo formal en la industria. Y fue categórico respecto al rol del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones: “No había proyecto sin RIGI, no lo había […] Si no había RIGI, no estábamos acá tratando este proyecto”.

López ironizó sobre el alarmismo ambiental esgrimido por algunos legisladores, que llegaron a comparar el proyecto con la catástrofe nuclear ucraniana. “Escuché el extremismo tan grande de decir que pasó Chernobyl. No salga, no se vuelva a Roca cuando termine la sesión porque hay chance también que le puede pasar algo en la ruta”, ironizó, asegurando que con esa mentalidad “no tendríamos que hacer nada”.

De qué trata el proyecto

La iniciativa declarada de “interés público” tiene como objetivo principal la construcción y operación de una infraestructura de gran escala destinada a la licuefacción y exportación de gas natural. El proyecto busca integrar la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica rionegrina, abarcando toda la cadena de valor: desde el transporte por gasoductos dedicados hasta el procesamiento y embarque del combustible.

El plan contempla una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales (MTPA), con la posibilidad de futuras expansiones. Las obras incluyen la instalación de plantas flotantes de licuefacción (FLNG) en el Golfo San Matías, un sistema de transporte por ductos (gasoducto y poliducto) y una planta de fraccionamiento de líquidos.

El impacto socioeconómico proyectado es significativo: el gobierno provincial estima la creación de hasta 30.000 puestos de trabajo directos e indirectos durante la ejecución, priorizando la mano de obra y proveedores locales.

Para asegurar la viabilidad de una inversión de esta magnitud y competir en el mercado internacional, la provincia de Río Negro se comprometió a otorgar un régimen tributario especial que brinda previsibilidad a largo plazo.

Las compañías (YPF y Argentina LNG SAU) estarán exentas del pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos para todas las actividades de la cadena de valor (excepto venta local de derivados) y del Impuesto de Sellos en todos los contratos e instrumentos relacionados con el proyecto.

Se garantiza que no se aplicarán nuevos tributos ni se incrementarán las cargas actuales durante tres décadas a partir de la puesta en marcha comercial del proyecto.

Las empresas quedarán fuera de los padrones de recaudación anticipada, retenciones y percepciones bancarias provinciales.

Se fijaron fórmulas específicas y topes para el pago de cánones por uso de agua, ocupación de dominio público costero y tasas de inspección ambiental, asegurando costos transparentes y ajustados a estándares industriales.

A cambio de estos incentivos, las empresas deberán abonar una “Contribución por Aporte Comunitario” millonaria en dólares destinada al desarrollo social y de infraestructura en la provincia.

Las obras principales

Se instalarán dos unidades ubicadas offshore (costa afuera).
Estarán situadas a aproximadamente 7 kilómetros de las líneas de base de la costa, en una zona con una profundidad de agua de unos 40 metros.
Cada unidad tendrá una capacidad de producción de 6 millones de toneladas por año (MTPA), sumando un total de 12 MTPA en esta etapa. Contarán con tres “trenes” de licuefacción de 2 MTPA cada uno.
Tendrán una capacidad de almacenamiento de GNL de aproximadamente 270.000 m³.
Utilizarán un sistema de anclaje de tipo “yugo flexible submarino” (subsea soft yoke).
El gas llegará a la costa mediante un gasoducto dedicado de 48 pulgadas y 520 km de longitud. Una vez en la costa del Golfo San Matías, se conectará con las unidades flotantes a través de ductos submarinos .
Se prevé el desarrollo de instalaciones portuarias y bases de apoyo que incluirán talleres de mantenimiento, áreas de almacenamiento, instalaciones de respuesta ante emergencias y soporte logístico para las operaciones marítimas .
La comercialización del gas se realizará mediante la transferencia directa desde las unidades flotantes hacia los buques metaneros (con capacidades entre 140.000 m³ y 215.000 m³) utilizando una configuración “barco a barco” (side-by-side).