La denuncia la radicó el 5 de abril y estaba acompañada por el Secretario General de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) Ariel Arcos y varios legisladores.
“Lo que exponemos en la denuncia es que el Gobierno Provincial no controla ni fiscaliza, no se ocupa de los trabajadores despedidos, no ejecuta las garantías de cumplimiento del contrato de explotación de la mina, no reclama las inversiones comprometidas, no proveyó a la mina de un acueducto de la calidad requerida para transportar y valorizar el material, y como si fuera poco, dilapida los recursos provinciales con un subsidio de 44 millones a una empresa extranjera, millonaria e incumplidora”, explicó la diputada nacional.