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LA JUEZA DE PAZ CAROLA SUÁREZ PIDE MAYOR COMPROMISO DE LOS ADULTOS EN CONFLICTOS ENTRE ADOLESCENTES

“La violencia empieza con lo verbal en el ámbito escolar, se traslada a la calle y se expande en las redes. Esa viralización agrava el conflicto y multiplica su impacto”, indicó.

Sierra Grande | En una reciente entrevista con Radio Libre, la Jueza de Paz de Sierra Grande, Carola Suárez, reflexionó sobre el abordaje de los crecientes conflictos entre adolescentes, enfatizando la responsabilidad directa de los adultos en su prevención y resolución. El diálogo tuvo lugar tras un caso que dio a conocer el Poder Judicial y que, según remarcó, «no es aislado», sino parte de una problemática que se viene agravando en los últimos tiempos.

Suárez explicó que muchos de estos conflictos comienzan dentro de las escuelas, continúan en la vía pública y se viralizan a través de redes sociales. “La violencia empieza con lo verbal en el ámbito escolar, se traslada a la calle y se expande en las redes. Esa viralización agrava el conflicto y multiplica su impacto”, indicó. Frente a esta dinámica, el juzgado de paz ha intervenido activamente para contener las situaciones y convocar a las familias.

Los padres son los primeros responsables”, sostuvo la jueza. “Nosotros no podemos imponer medidas a los adolescentes directamente, sino a los adultos que están a cargo. El rol de los padres es central: deben ejercer un control razonable, conversar con sus hijos y revisar el contenido que publican o comparten”.

En este marco, la escuela también juega un papel fundamental. La jueza destacó el trabajo del CET N° 12, donde se han implementado mecanismos internos como asambleas que permiten abordar conflictos en una primera instancia. A su vez, ante situaciones que exceden el ámbito escolar, se promueve la articulación con el juzgado y con las familias.

Una medida concreta adoptada por las escuelas, según contó Suárez, es el cambio de turno o curso para los estudiantes involucrados, con el objetivo de prevenir nuevas confrontaciones y fomentar la responsabilidad. “Se les hace saber que sus acciones tienen consecuencias, aun siendo menores. No hay impunidad por ser adolescente”, afirmó.

Sobre la intervención judicial, Suárez explicó que las medidas son temporales y sujetas a evaluación. “Trabajamos con períodos establecidos, generalmente noventa días, en los que se monitorea el cumplimiento. Si no hay mejoras o hay reincidencia, se interviene con organismos de protección como la SENAF (Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia)”.

Además del sistema educativo y judicial, la jueza reconoció el valor de la red comunitaria en Sierra Grande. Destacó la labor conjunta con el hospital local, donde psicólogas y consejerías brindan contención a adolescentes y orientación a padres sobre temáticas sensibles como el cambio de género o el consumo de sustancias. También mencionó la apertura de un Centro de Abordaje Integral de Adicciones y la importancia de contar con profesionales psicopedagógicos en las escuelas.

Suárez insistió en que muchos de estos conflictos tienen raíces sociales profundas, vinculadas a la crisis económica, la pérdida de espacios de diálogo familiar y las secuelas pospandemia. “Cuando una familia no tiene para comer, se generan tensiones que desembocan en violencia. Y eso se refleja en los chicos”, analizó.

Por último, defendió la importancia de construir espacios de resolución alternativa de conflictos, como los que promueve la ley contravencional, donde vecinos y partes afectadas pueden dialogar con mediadores. “No siempre hay voluntad, pero cuando la hay, esos espacios ayudan muchísimo”, afirmó.

En un mensaje final a la comunidad, Suárez reiteró: “Nadie nace sabiendo ser padre. Desde el juzgado no juzgamos, acompañamos. Pero ese acompañamiento también requiere compromiso activo por parte de las familias. Las herramientas existen, pero hay que animarse a usarlas”.

Por redacción Pido la Palabra.

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