Sierra Grande | El pasado jueves, en una audiencia por videollamada, Renzo Tamburrini, exintendente de Sierra Grande, volvió a ser notificado de una reformulación de cargos en la causa Techo Digno, que investiga presuntas irregularidades en la ejecución de fondos para viviendas sociales. La denuncia, radicada originalmente en la órbita federal, fue derivada a la justicia rionegrina, donde según Tamburrini, “lleva una década sin definiciones concretas y con una evidente intencionalidad política”.
En declaraciones a Radio Libre, el exjefe comunal sostuvo: “Es mi tercera o cuarta reformulación de cargos. Cada dos años, especialmente en año electoral, aparece una novedad judicial que sólo busca sostener viva la causa y exponernos en los medios. No hay voluntad de resolver, sino de mantenernos en el tapete”.
Reformulaciones sucesivas y parálisis judicial
La causa Techo Digno se inició hace aproximadamente diez años, cuando Tamburrini fue imputado por el supuesto uso indebido de fondos nacionales destinados a la construcción de viviendas. Inicialmente, era el único imputado. Con el paso del tiempo, se sumaron otros funcionarios, incluidos quienes continuaron el programa en gestiones posteriores.
Según explicó, cada vez que se abre la instancia para que los acusados presenten pruebas, la fiscalía solicita prórrogas: “No nos dejan defendernos. Cambian una coma en el escrito, lo llaman nueva formulación de cargos y con eso extienden dos años más la causa”.
La cuestión técnica: dos contratos, un solo análisis
Tamburrini explicó que la base de la acusación responde a un análisis erróneo del avance de obra. Detalló que existían dos contratos con Nación: el primero, para la construcción de las viviendas; el segundo, para infraestructura y movimiento de suelo. Dado que era necesario preparar el terreno antes de construir, el municipio adelantó esos trabajos y los certificó con fondos del primer contrato, en espera de la firma del segundo.
“Cuando viene la inspección, se analiza sólo el contrato de viviendas. Así, el porcentaje de obra ejecutada parece menor respecto del dinero recibido. Pero no contemplaron que parte de ese dinero se usó en tareas previstas en el segundo contrato, ya firmado más adelante”, aseguró.
Además, criticó los informes del IPPV (Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda), que según él usaron planillas de incidencia inadecuadas, ajenas a las del programa nacional, generando una diferencia de entre 8% y 10% en la evaluación del avance.
“Nos están disciplinando con la justicia”
El exintendente vinculó su situación a una “estrategia de disciplinamiento político”. Remarcó que hay otros intendentes en situaciones similares cuyos procesos no avanzan porque “están alineados políticamente con el gobierno provincial de Juntos Somos Río Negro”. Como ejemplo, mencionó al actual funcionario Javier Iribarren, cuya causa no ha tenido movimientos.
Tamburrini también hizo alusión a la reciente condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, como un antecedente preocupante: “La justicia provincial copia esa matriz. Usan una causa para debilitar figuras opositoras, aunque no puedan probar nada concreto”.
“Nos persiguen para evitar que tengamos protagonismo en el escenario político. Y cuando no pueden avanzar porque no hay pruebas, inventan una reformulación. Diez años así. La gente ya vive en las casas, muchas se terminaron por autogestión. ¿Qué más van a peritar?”, expresó.
“No me arrepiento de nada”
Pese a todo, el exintendente se mostró firme respecto de su actuación: “Estoy tranquilo. Lo volvería a hacer igual. Lo que hicimos fue una solución técnica a un problema administrativo. Y lo explicamos, pero nadie escucha”.
La causa, iniciada entre 2014 y 2015, continúa sin resolución definitiva. Mientras tanto, Tamburrini, como otros jefes comunales, sigue esperando una oportunidad real de defensa: “Lo lógico sería archivar la causa si no hay pruebas. Pero eso sería admitir un bochorno institucional. Por eso prefieren sostenerla artificialmente”.
Síntesis de la formulación y reformulación de cargos en la causa “Techo Digno” – Sierra Grande (2014–2025)
El Ministerio Público Fiscal de Viedma impulsó una causa judicial por presuntas irregularidades en la ejecución del programa nacional “Techo Digno” en la localidad de Sierra Grande, provincia de Río Negro. Las investigaciones se centraron en dos ex intendentes, funcionarios municipales de las áreas de Hacienda y Obras Publicas y un empresario vinculado a la empresa adjudicataria de la obra.
Formulación de cargos – 5 de junio de 2024
El Ministerio Público formuló cargos contra:
- Renzo Tamburrini, ex intendente
- Nelson Iribarren, ex intendente
- Mauro Tamburrini y Ernesto Noel, funcionarios del gobierno de Renzo Tamburrini
- Claudia Albariño y Miguel Ángel Mesa, funcionarios del gobierno de Nelson Iribarren
- Un empresario vinculado a Construcciones Normalizadas Viedma S.A. (como partícipe necesario)
Delitos imputados:
- Defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública
- Uso de documento falso
Hecho 1 (gestión Renzo Tamburrini):
- Se firmó un convenio por 40 viviendas.
- Se certificó un avance de obra del 71% y se pagaron $12 millones.
- Una inspección posterior reveló un avance real del 34%.
- Perjuicio económico estimado: $5 millones (actualizado a más de $130 millones en 2023).
Hecho 2 (gestión Nelson Iribarren):
- Se continuó con pagos pese a no haber desembolsos nuevos de Nación.
- Se certificó un avance del 14% en infraestructura que no se había realizado.
- Perjuicio económico estimado: más de $2 millones (actualizados a $46 millones en 2023).
Reformulación de cargos – 12 de junio de 2025
Con base en un nuevo informe pericial de ingeniería y actualización contable, la Fiscalía reformuló los cargos para ajustar los montos y responsabilidades.
Ajustes clave:
- Confirmación de la autoría de Tamburrini e Iribarren en la defraudación y uso de documentos falsos.
- Coautoría atribuida a los cuatro funcionarios municipales.
- Ratificación del rol del empresario como partícipe necesario (audiencia pendiente).
Nuevos montos según pericia:
- En el caso de Tamburrini, se pagaron más de $12,8 millones con avances certificados falsamente.
- El avance real era del 42,21%.
- Perjuicio actualizado: $793.480.666 (a marzo de 2025).
- Se suma un pago adicional de $1 millón por un avance del 6,98% igualmente ficticio.
- En el caso de Iribarren, se acreditó un avance del 14% que no existía, correspondiendo solo a zanjeo básico.
- Perjuicio estimado: $2.008.773,89.
Estado actual:
- Los cargos quedaron formalmente reformulados.
- La investigación penal preparatoria sigue en curso.
- La audiencia para el empresario implicado se realizará el 2 de julio de 2025.
La causa “Techo Digno” en Sierra Grande y la reformulación de cargos confirma el incremento sustancial del perjuicio económico detectado por el Ministerio Público Fiscal, que ahora supera los $795 millones.
Fuente: Radio Libre | En este día.