SIERRA GRANDE SIN PLAN DE FACILIDADES DE PAGO PARA REGULARIZAR DEUDAS

Sierra Grande |  En una sesión ordinaria celebrada este lunes, el Concejo Municipal trató como único punto del orden del día la reapertura del expediente N.º 119/25, correspondiente al proyecto de ordenanza impulsado por el Poder Ejecutivo Municipal para establecer un plan de facilidades de pago destinado a la regularización de tasas retributivas por parte de los contribuyentes.

La propuesta, originalmente presentada por el Ejecutivo encabezado por la intendenta Roxana Fernández, había sido aprobada previamente por el cuerpo parlamentario, aunque con una modificación clave en su primer artículo. Esta reforma fue considerada inaceptable por el Ejecutivo, que procedió a vetar completamente la ordenanza mediante la Resolución N.º 6330/25. Según el texto del veto, las modificaciones introducidas por el Concejo alteraban el carácter temporal y excepcional del régimen, transformándolo en un sistema permanente, con restricciones de acceso consideradas discriminatorias y contrarias a principios constitucionales como la legalidad, la igualdad y la razonabilidad tributaria.

Durante la sesión, los concejales se pronunciaron en torno al veto, y la votación concluyó con cuatro votos por el rechazo y tres por la aceptación. Sin embargo, al no alcanzar la mayoría de tres cuartos exigida por la normativa, el veto quedó firme y la ordenanza no podrá volver a tratarse hasta el próximo año.

Posiciones divididas en el recinto

Judith Campero (Renacer) expresó un fuerte rechazo al veto, recordando que el proyecto había sido aprobado por unanimidad en su primera instancia. Señaló que la iniciativa generaba un beneficio social directo para los vecinos y también aportaba recursos indispensables para la economía municipal. Solicitó además que se leyera el texto del veto en la sesión para garantizar la transparencia y comprensión del contenido por parte del cuerpo.

Nadia Arbaizar (Cambia Sierra Grande) también votó por rechazar el veto, argumentando que el plan conservaba su carácter temporal, ya que el artículo 2 establecía su vigencia hasta el 31 de agosto. Cuestionó la interpretación del Ejecutivo y defendió la coherencia jurídica y política de su voto, subrayando que el objetivo seguía siendo la generación de ingresos y el alivio fiscal a los contribuyentes.

Valeria Cayuqueo (Partido Justicialista) se sumó al rechazo, reafirmando que las modificaciones fueron debatidas y consensuadas. Criticó la falta de explicaciones claras por parte del Ejecutivo y lamentó la oportunidad perdida para implementar un mecanismo de regularización que, según su análisis, beneficiaba tanto al municipio como a sus habitantes.

Liliana Gauna (Partido Justicialista) no expresó una posición categórica, pero sí aportó elementos de contexto. Valoró que se hayan incorporado mejoras para los trabajadores municipales y reveló que había solicitado devolver el proyecto a comisión para un tratamiento más profundo, opción que fue descartada por la mayoría.

En contraposición, Araceli Mussi (Juntos Somos Río Negro) apoyó el veto argumentando que la modificación del artículo 1 alteró profundamente el espíritu del proyecto original del Ejecutivo. Señaló la exclusión de ciertos sectores como comerciantes y no residentes permanentes, y cuestionó la falta de debate adecuado en la sesión anterior. Llamó a una mayor madurez política y responsabilidad institucional.

Jorge Grau (Juntos Somos Río Negro) compartió la postura de Mussi, calificando la ordenanza modificada como discriminatoria. Criticó que el Concejo altere sistemáticamente los proyectos del Ejecutivo y llamó a evitar la conformación de bloques cerrados que dificulten la gobernabilidad.

Carlos Negri (JSRN), presidente del Concejo, también acompañó el veto. Aunque se mantuvo neutral en cuanto al contenido de fondo, remarcó fallas en el procedimiento legislativo, aludiendo a que los cambios debieron haberse debatido en comisión y no directamente en sesión. Abogó por el respeto institucional y por un tratamiento más riguroso de los proyectos.

El resultado de la votación fue de cuatro votos por el rechazo del veto (Campero, Arbaizar, Cayuqueo y Gauna) y tres por su aceptación (Mussi, Grau y Negri). Al no alcanzar la mayoría calificada de tres cuartos, el veto del Ejecutivo quedó firme y la ordenanza no podrá ser tratada nuevamente hasta el año próximo.

Por redacción de Pido la Palabra.