Sierra Grande | El Concejo Municipal de Sierra Grande aprobó recientemente el Régimen de Incentivo al Compre Serrano (RICSE), una norma impulsada por el Poder Ejecutivo Municipal que apunta a dinamizar la economía local mediante beneficios fiscales para empresas que compren bienes y servicios dentro de la ciudad.
El concejal Jorge Grau, representante del bloque Juntos Somos Río Negro, brindó detalles sobre el espíritu, el alcance y los desafíos de esta nueva herramienta, que surge en un contexto de crecimiento económico ligado a grandes proyectos como el oleoducto Vaca Muerta Sur, del grupo VEMOS.
Un régimen que busca “incentivar, no obligar”
Grau remarcó que el eje central del RICSE es promover el compre local sin vulnerar las reglas del libre mercado, especialmente en el ámbito privado:
“Con el sector privado no se puede obligar a comprar en Sierra Grande. Por eso el régimen propone incentivar, generar condiciones favorables para que las empresas opten por adquirir acá”, explicó el concejal.
La ordenanza contempla beneficios en la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene para aquellas empresas que demuestren volúmenes significativos de compras dentro de la localidad:
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20% de descuento para quienes acrediten 80% o más de compras locales.
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10% de descuento para quienes alcancen entre 50% y 79%.
Estas cifras, sostuvo Grau, surgen de un estudio técnico realizado por la Secretaría General de Hacienda.
La figura del “proveedor serrano” y el desafío de la competencia
Uno de los aspectos destacados de la norma es la definición de proveedor serrano, entendida como persona física o jurídica con domicilio en Sierra Grande e inscripción en el registro municipal.
Sin embargo, Grau reconoció una inquietud común: la posibilidad de que empresas foráneas se radiquen en la ciudad únicamente para competir con proveedores históricos del lugar.
“Es cierto que cualquiera puede radicarse y pasar a ser local. Por eso el rol de las cámaras es fundamental para garantizar que quienes llevan años trabajando aquí tengan prioridad y competitividad”, puntualizó.
Control, fiscalización y sanciones
El RICSE incluye también un mecanismo de control a cargo de la Secretaría General de Hacienda, que será autoridad de aplicación. Las empresas deberán presentar declaraciones juradas mensuales con documentación respaldatoria de sus compras.
En caso de falsedad o incumplimiento, la norma prevé multas de 500 a 2.000 módulos, que serán definidas por el Tribunal Municipal de Faltas.
Participación de cámaras y articulación institucional
Grau destacó que la norma fue elaborada con la participación de la Cámara Empresaria, la Cámara de Comercio y diversas áreas municipales.
Asimismo, señaló que será clave coordinar acciones con organismos como la Secretaría de Trabajo y la Agencia de Recaudación Tributaria para asegurar un control eficaz.
Un paso estratégico en un contexto de expansión económica
El concejal subrayó que el régimen busca acompañar la transformación económica local, impulsada por la llegada de empresas vinculadas a grandes obras:
“Se está moviendo la economía. Algunos comercios ya están vendiendo más. Pero necesitamos reglas claras para que el impacto llegue a todos y no queden vecinos afuera”.
Próximos pasos
La ordenanza ya fue aprobada por el Concejo Municipal. Falta ahora su promulgación, luego la reglamentación por parte del Ejecutivo y finalmente su implementación.
Mientras tanto, Grau invitó a las empresas a acercarse al municipio:
“Queremos que todos conozcan la norma, que se inscriban y que aprovechen este incentivo que viene a fortalecer el entramado económico local”.