Sierra Grande | La presidenta del Tribunal de Contralor Municipal, Karen Llanqueleo, junto a las integrantes Mirta López y Mirta Lucena, se refirieron en una entrevista con Radio Libre a la situación ocurrida la semana pasada, cuando cuatro concejales ingresaron al recinto del organismo mientras sus integrantes mantenían una reunión de trabajo.
Según explicó Llanqueleo, el encuentro no correspondía a una sesión formal del Tribunal, sino a una instancia de análisis y preparación en la que las tres integrantes abordaban distintos asuntos vinculados con las funciones del organismo.
La situación derivó en una presentación formal ante el presidente del Concejo Municipal, a quien el Tribunal solicitó que se respeten las vías institucionales correspondientes en la relación entre ambos cuerpos.
“Nos vimos en la obligación”, explicó Llanqueleo al referirse a la nota presentada. Según indicó, el Tribunal mantiene reuniones de trabajo para analizar documentación, buscar fundamentos, solicitar información y consensuar las decisiones que posteriormente se expresan mediante dictámenes y resoluciones.
La titular del organismo sostuvo que el planteo no se originó únicamente en el ingreso de los concejales, sino también en el procedimiento utilizado para solicitar la intervención del Tribunal.
En ese sentido, remarcó que existen mecanismos administrativos para formular pedidos de información o requerir la intervención del organismo. “Hay procesos, hay procedimiento administrativo, presentaciones de nota”, señaló durante la entrevista.
EL PEDIDO DE INTERVENCIÓN
De acuerdo con lo relatado durante la entrevista, el episodio estuvo relacionado con una resolución municipal que otorgó una beca de capacitación a la hija de la intendenta. Las concejales buscaban que el Tribunal interviniera para analizar la situación y acceder a documentación vinculada con el pago.
Llanqueleo explicó que la documentación había llegado al Tribunal junto con otras resoluciones y que el organismo todavía se encontraba en proceso de revisión.
La funcionaria precisó que el Tribunal recibe un volumen importante de documentación y que, además del análisis de resoluciones, debe revisar ingresos y egresos municipales, expedientes, convenios escolares, compras, licitaciones y otros procedimientos administrativos.
“500 resoluciones que tenemos ahí […] no se leen en dos minutos”, sostuvo, al explicar el volumen de trabajo que enfrenta el organismo.
También señaló que las integrantes distribuyen entre ellas la revisión de la documentación y determinan cuáles son los expedientes o resoluciones que requieren un análisis específico.
En relación con la resolución que motivó el pedido de las concejales, Llanqueleo indicó que el Tribunal solicitó información al Ejecutivo municipal y que no emitirá un dictamen hasta contar con una respuesta formal de las partes involucradas.
“No podemos emitir una resolución o un dictamen” hasta contar con esa información, explicó.
DIFERENCIAS ENTRE LOS ROLES INSTITUCIONALES
Uno de los puntos centrales planteados por Llanqueleo fue la necesidad de diferenciar las competencias del Concejo Municipal y del Tribunal de Contralor.
La presidenta del organismo sostuvo que cada poder y cada funcionario tiene responsabilidades específicas y que el diálogo entre instituciones puede facilitar los procedimientos, pero no reemplaza los mecanismos administrativos previstos para realizar pedidos o iniciar actuaciones.
“Una cosa es dialogar, una cosa es charlar […] y otra cosa es no respetar la vía institucional”, afirmó.
En esa línea, señaló que el Tribunal tampoco concurre al Concejo Municipal o al Ejecutivo para realizar requerimientos de manera informal, sino que utiliza presentaciones y procedimientos administrativos.
La situación adquiere además una particularidad política porque Llanqueleo integra el Partido Vecinal Renacer, mientras que Mirta López representa al Partido Justicialista y Mirta Lucena a Juntos Somos Río Negro. Las tres coincidieron en la entrevista en la necesidad de preservar la delimitación de funciones entre los organismos municipales.
Llanqueleo indicó que, después del episodio, mantuvo comunicación con la concejal de su mismo espacio político y que el planteo también fue formalizado ante el presidente del Concejo Municipal.
LOS DICHOS DE LÓPEZ Y LUCENA
Mirta López, integrante del Tribunal por el Partido Justicialista, explicó que el organismo debe atender múltiples tareas además de las resoluciones municipales. Mencionó, entre otras, el control de convenios escolares, alimentos, limpieza, insumos, transporte, obras y participación en procesos de licitación.
López también señaló que las integrantes del Tribunal no son necesariamente profesionales contables y que deben capacitarse en los procedimientos que forman parte de sus funciones.
Por su parte, Mirta Lucena, representante de Juntos Somos Río Negro, sostuvo que el Tribunal venía trabajando con los concejales mediante mecanismos de consenso y consideró que, ante la situación planteada, correspondía utilizar las herramientas institucionales disponibles antes de requerir directamente la intervención del organismo.
Lucena también informó que las integrantes del Tribunal concurrieron posteriormente al taller mencionado en la resolución cuestionada para verificar su funcionamiento. Según relató, pudieron constatar que la actividad se estaba desarrollando y que había participantes en el lugar.
EL TRIBUNAL ESPERA INFORMACIÓN DEL EJECUTIVO
Llanqueleo confirmó que el pedido de intervención presentado por las concejales tuvo ingreso formal y que, a partir de esa presentación, el Tribunal realizó un pedido de informe al Ejecutivo municipal.
La presidenta explicó que ahora deberán esperar las respuestas correspondientes para continuar con el análisis administrativo.
“No solamente estamos esperando la respuesta del presidente del Concejo, sino también el pedido de informe desde el Ejecutivo”, precisó.
Hasta el momento de la entrevista, el presidente del Concejo Municipal no había respondido formalmente la nota presentada por el Tribunal. Llanqueleo señaló que el planteo había sido presentado el viernes y que el funcionario había manifestado que respondería.
De esta manera, el episodio abrió dos actuaciones diferenciadas: por un lado, el planteo institucional del Tribunal de Contralor respecto de la forma en que se produjo el ingreso de los concejales durante una reunión de trabajo; y por otro, el análisis administrativo de la resolución vinculada con la beca, para lo cual el organismo solicitó información al Ejecutivo.
Fuente: En este día | Radio Libre