Sierra Grande | La controversia se inició tras la publicación de la Resolución N° 11427/2026 de la Municipalidad de Sierra Grande, fechada el 30 de junio de 2026 y dada a conocer en el Boletín Oficial.
Desde la Unidad Básica local, espacio encabezado por Mauro Tamburrini, emitieron un comunicado en la red social Facebook donde cuestionaron la adjudicación de la beca de capacitación dependiente de la Subsecretaría de Cultura por un monto total superior al «millón de pesos», calificando la medida como un acto de discrecionalidad, nepotismo y falta de transparencia en la gestión comunal.
Un dato a tener en cuenta es que la publicación del boletín acumula información de varios meses.
En respuesta a los señalamientos, la secretaria de Gobierno municipal, Cintia Castillo, utilizó la misma plataforma digital para rechazar las acusaciones.
La funcionaria sostuvo que el acto administrativo fue debidamente formalizado y publicado, desestimando la falta de transparencia. Asimismo, defendió la continuidad del proyecto al señalar que corresponde al financiamiento del taller infantil «Crecer Jugando» en la localidad de Playas Doradas, al tiempo que enmarcó las críticas como episodios de violencia política dirigidos contra mujeres con responsabilidades de gestión.
Por su parte, la propia beneficiaria, Valentina López, también hizo pública su postura en redes sociales para aclarar los detalles del haber percibido.
López precisó que el monto liquidado corresponde a una asignación mensual de $240.000 —la misma remuneración que percibe el resto de los talleristas municipales— y argumentó que no existe impedimento legal para ejercer dicha tarea comunitaria vinculada a su formación en psicología, rechazando que la relación de parentesco constituya una irregularidad o implique la pérdida de sus derechos laborales.
Asimismo, Valentina Fernández fundamentó su posición señalando que se encuentra a pocos días de obtener su título de grado en Psicología, por lo que consideró legítimo percibir una contraprestación por una tarea directamente vinculada a su ámbito de formación.
En ese sentido, sostuvo que su vínculo de parentesco con la intendenta no constituye un impedimento legal para desempeñarse como tallerista ni representa la concesión de privilegios, remarcando que ser familiar de una autoridad pública no debe anular sus derechos al trabajo y al desarrollo profesional en la comunidad.
Fuente: Facebook