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LA ABOGADA FÁTIMA MALDONADO CONFIRMÓ LA DENUNCIA POR DISCRIMINACIÓN Y DESTACÓ LA RÁPIDA INTERVENCIÓN JUDICIAL

Fátima Maldonado confirmó la denuncia por discriminación y destacó la intervención del Juzgado de Paz y la importancia de recurrir a las vías institucionales ante este tipo de situaciones.

Fátima Maldonado confirmó la denuncia por discriminación y destacó la intervención del Juzgado de Paz y la importancia de recurrir a las vías institucionales ante este tipo de situaciones.

Sierra Grande | Luego de que el Juzgado de Paz de Sierra Grande resolviera medidas de protección en el marco de una denuncia por expresiones discriminatorias difundidas en un grupo de WhatsApp vinculado a la actividad política local de La Libertad Avanza (LLA), la abogada Fátima Maldonado dialogó con Radio Libre para confirmar la presentación judicial y brindar detalles sobre el proceso.

Maldonado aclaró que, por disposición judicial, no podía referirse a la identidad de la persona denunciada. No obstante, confirmó que la denuncia fue realizada por ella misma y que el objetivo principal fue poner en conocimiento de la Justicia una situación que consideró discriminatoria y xenófoba.

Durante la entrevista, la abogada explicó que los comentarios cuestionados estuvieron relacionados con su nacionalidad paraguaya y que, a su entender, buscaban excluirla de la participación política.

¿Qué te llevó a realizar la denuncia?

“Soy paraguaya, hace 15 años que vivo en Argentina y hace seis años en Sierra Grande. Es la primera vez que me encuentro frente a una situación de este tipo. En un grupo político de WhatsApp se me empezó a hostigar por mi nacionalidad. Estaba convencida de que se trataba de un acto de discriminación, xenofobia y odio, por lo que decidí ejercer mi derecho como ciudadana y poner un límite legal a esta situación”.

La letrada indicó que la denuncia se inició en la Comisaría 13 de Sierra Grande mediante una presentación contravencional y posteriormente intervino el Juzgado de Paz, que analizó los hechos y la documentación aportada.

¿Podés confirmar si se trata de una persona con representación institucional?

“Por disposición judicial no puedo referirme a la identidad de la persona involucrada. Lo que sí puedo decir es que consideré necesario acudir a la Justicia porque entendí que se trataba de una situación grave y que debía ser abordada institucionalmente”.

La entrevistada evitó realizar referencias personales sobre la concejal involucrada y remarcó que accedió a dialogar públicamente únicamente para confirmar la existencia de la denuncia, explicar el proceso judicial y promover la importancia de denunciar este tipo de conductas.

¿Qué interpretación hacés de los dichos y cómo te sentiste al conocerlos?

“En lo personal genera indignación. Quienes vivimos lejos de nuestro país sabemos lo que implica construir una vida en otro lugar. Pero más allá de lo personal, decidí tomar esto como una oportunidad para que otras personas sepan que hoy la Justicia escucha este tipo de denuncias y puede intervenir”.

Maldonado sostuvo que los comentarios tenían relación directa con su participación en espacios políticos y consideró que buscaban desalentar o limitar esa participación debido a su origen extranjero.

“Lo importante es que ninguna persona sea hostigada por su nacionalidad, su origen o su forma de pensar. Todos tenemos derecho a participar de la vida pública”.

¿Por qué decidiste ir a la Justicia?

“Porque es la vía institucional adecuada. Confío en la Justicia provincial y también en las instituciones locales. Ante situaciones de estas características considero que el camino correcto es recurrir a los organismos correspondientes y no trasladar estos conflictos a otros ámbitos”.

Según explicó, la resolución judicial dispuso medidas de protección y restricciones de contacto por el plazo máximo previsto para este tipo de casos, además de otras disposiciones vinculadas a la capacitación en derechos humanos.

¿Cómo sigue este proceso que sienta un precedente?

La abogada destacó que la intervención judicial se produjo en un plazo breve. Según señaló, la resolución fue dictada aproximadamente dentro de los quince días posteriores a la denuncia.

“Fue un proceso rápido. La Justicia escuchó, analizó las pruebas y tomó una decisión”.

Para Maldonado, el caso demuestra que las expresiones discriminatorias realizadas en entornos digitales también pueden ser denunciadas y evaluadas judicialmente.

“Muchas veces se cree que lo que se dice en un grupo de WhatsApp no tiene consecuencias. Este caso demuestra que no es así”.

¿Qué esperás que pase de ahora en más?

“Espero que no vuelva a suceder. Que se respete la resolución judicial y que todas las personas conozcan cuáles son sus derechos”.

Además, señaló la importancia de que los ciudadanos extranjeros conozcan las herramientas de participación disponibles en Sierra Grande.

“Espero que quienes integran la comunidad extranjera sepan que tienen voz, derechos y espacios de participación. Lo importante es que nadie se sienta excluido”.

La resolución del Juzgado de Paz se conoció en los últimos días y constituye una novedosa intervencion vinculada a denuncias por expresiones difundidas mediante aplicaciones de mensajería. Desde la perspectiva planteada por la denunciante, el caso pone de relieve la existencia de mecanismos institucionales para canalizar este tipo de situaciones y la importancia de recurrir a ellos cuando se consideran vulnerados derechos vinculados a la igualdad y la participación ciudadana.

Fuente: En este día | Radio Libre

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