El Ministerio Público Fiscal de Sierra Grande imputó a un hombre por una serie de hechos de amenazas, coacción y daño registrados entre el 4 y el 11 de noviembre, y solicitó su prisión preventiva ante el juez de garantías. La acusación destaca que la secuencia delictiva culminó en la madrugada del 11 de noviembre, cuando el sospechoso habría incendiado dos camionetas pertenecientes a un vecino al que previamente había hostigado mediante mensajes intimidatorios.
Según la investigación, el primer incidente ocurrió el 4 de noviembre, cuando el imputado habría dañado una persiana de la vivienda de la víctima, situada en el barrio Industrial. Ese mismo día, el hombre habría enviado mensajes de texto en los que amenazaba con incendiar bienes tanto personales como institucionales vinculados al denunciante. Las comunicaciones —descriptas como reiteradas y de tono amenazante— continuaron en los días posteriores.
El 9 de noviembre, las amenazas se habrían extendido a través de mensajes dirigidos al hermano y al sobrino de la víctima. Al día siguiente, 10 de noviembre, al mediodía, las coacciones se intensificaron mediante nuevos textos y audios enviados directamente al teléfono del denunciante.
De acuerdo con la acusación, la escalada concluyó el 11 de noviembre cerca de las 3 de la madrugada, cuando el imputado habría provocado el incendio de dos camionetas estacionadas frente a la vivienda del damnificado: una de su propiedad y otra perteneciente a la empresa para la que trabajaba.
La fiscalía fundamentó los cargos en las denuncias de los damnificados, los testimonios de familiares que también recibieron amenazas y los informes periciales sobre los vehículos dañados, además de un informe preliminar del Cuerpo de Bomberos. Todos los mensajes analizados coincidirían con un número telefónico que el propio imputado reconoció como suyo durante la audiencia.
Al solicitar la prisión preventiva, el Ministerio Público Fiscal argumentó riesgos procesales vinculados con la posible intimidación de testigos y la alteración de pruebas. También señaló que los mensajes evidencian una actitud violenta y una manifiesta desobediencia a disposiciones judiciales. Añadió como antecedente que el acusado mantiene una causa previa con suspensión de juicio a prueba cuya normativa no habría cumplido.
Asimismo, se informó que la investigación continúa con relevamientos de cámaras de seguridad y consultas en estaciones de servicio para determinar el origen del combustible utilizado en el incendio. Se remarcó la necesidad de preservar la información aportada por testigos para garantizar su validez en una eventual instancia de juicio.
Finalmente, el juez de garantías tuvo por formalizados los cargos, dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria y ordenó la prisión preventiva en los términos planteados por la fiscalía.
Fuente: Ministerio Público Fiscal